Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de participar como perito informático de la defensa en uno de los casos más mediáticos relacionados con estafas en criptomonedas en España: el caso Arbistar. A través de este artículo quiero compartir, desde mi experiencia directa, algunos de los hallazgos más relevantes que expusimos en el juicio y aclarar por qué, tras un análisis técnico riguroso, concluimos que solo 29 personas pueden considerarse realmente inversores acreditados.
Un mar de reclamaciones… pero pocas con respaldo técnico
Desde el primer momento me sorprendió la enorme cantidad de documentos aportados por los supuestos afectados: capturas de pantalla, correos electrónicos impresos, conversaciones de WhatsApp, PDFs sin firmas digitales… Sin embargo, como perito informático, mi labor es separar la información válida de la que no tiene garantías de integridad o autenticidad.
Tras revisar toda la documentación, concluí—junto con otro compañero perito de la defensa—que solo 29 personas presentaban pruebas técnicas que permiten certificar su condición de inversores en Arbistar. El resto de reclamaciones, aunque comprensibles desde lo emocional, no se sostienen pericialmente. Y en un proceso judicial, la prueba debe ser sólida y verificable.
Limitaciones técnicas que afectan al proceso
Otro punto importante que expusimos en sala fue que no se nos facilitó el acceso a los dispositivos electrónicos incautados al principal acusado, Santiago Fuentes Jover. La Guardia Civil los trasladó a Madrid para proceder a su desencriptado, pero nosotros, como peritos de la defensa, no tuvimos acceso a esos datos.
Esto limitó considerablemente nuestra capacidad para contrastar informaciones y detectar patrones más amplios. Siempre he defendido que un perito, sea de la parte que sea, debe tener acceso a toda la evidencia disponible si queremos llegar a conclusiones imparciales y completas.
El supuesto “bot” que nunca funcionó
Una de las grandes promesas de Arbistar era su “Community Bot”, un sistema automatizado que ofrecía supuestas rentabilidades diarias del 1 % mediante arbitraje de criptomonedas. Sin embargo, según informes técnicos de la Guardia Civil y otras fuentes, ese bot nunca llegó a operar realmente. Es decir, el software que generaba confianza en los inversores no estaba activo.
Desde el punto de vista técnico, esto cambia por completo la valoración del producto: no hablamos de un sistema fallido o de un mal negocio, sino de algo que posiblemente ni siquiera existía en los términos anunciados.
Las cifras millonarias: ¿realidad o exageración?
Durante el juicio, la Fiscalía ha solicitado una pena de más de 29 años de prisión para Santiago Fuentes, y calcula el fraude en 1.902 millones de euros. Por su parte, una acusación particular que representa a más de 4.000 afectados eleva la cifra a 3.500 millones. Sin embargo, desde nuestro análisis técnico, esas cantidades no se corresponden con las pruebas documentales realmente verificables.
Reitero: solo 29 inversores pueden ser considerados acreditados con respaldo técnico. Esto no significa que no haya más afectados, pero sí que muchas de las reclamaciones no pueden validarse con criterios informáticos forenses.
Conclusión: el rol del perito en la era digital
Este caso me ha reafirmado en algo que llevo tiempo defendiendo: la importancia de contar con peritos independientes, con criterios técnicos claros y sin presiones de ninguna de las partes. Nuestro trabajo no es decidir culpabilidades, sino aportar claridad en medio del ruido. Y en el caso Arbistar, el ruido ha sido enorme.
Espero que este pequeño resumen sirva para entender mejor lo que realmente está en juego en este tipo de procedimientos, y por qué el análisis técnico riguroso es más necesario que nunca cuando hablamos de criptoactivos y fraude digital.
Si tienes alguna duda o no dudes en ponerte en contacto conmigo
